Concejal departamental denuncia venta irregular de tierras municipales en Infante Rivarola a presuntos testaferros de extranjeros

El concejal departamental Eduardo Martínez Araujo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Zonal de Filadelfia por la presunta enajenación irregular de un predio público ubicado en Mayor Infante Rivarola, sobre la frontera con Bolivia, que habría terminado en manos de testaferros vinculados a compradores extranjeros.

La denuncia, radicada bajo el expediente N° 961/26 y a cargo de la fiscal Milena Basualdo por el hecho punible de lesión de confianza, fue presentada el 8 de septiembre contra personas aún no identificadas («innominadas»), en el marco de los artículos 192 del Código Penal y 284 del Código Procesal Penal paraguayos.

El origen del terreno

Según el escrito presentado, el inmueble —inscripto en el Registro de Derechos Reales bajo las fincas Q01-3.492, Q01-3.493 y Q01-3.494— fue cedido en 2006 por el Estado paraguayo a la Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia mediante donación gratuita, con un destino específico: servir como asiento de un centro de control integrado de frontera con Bolivia y como polo de desarrollo del noroeste chaqueño. La transferencia de dominio se formalizó recién en diciembre de 2020.

El predio fue posteriormente fraccionado en quince parcelas, de acuerdo con una resolución de la Junta Municipal aprobada en julio de 2024 bajo la presidencia de Nelly Servín.

Venta directa sin subasta pública

De acuerdo con la denuncia, durante la gestión del entonces intendente Víctor Manuel Díaz Ávalos se habría procedido a vender las parcelas de manera directa, sin el procedimiento de subasta pública que exige la Ley Orgánica Municipal (N° 3.966/2010) para este tipo de operaciones. Los compradores, según el escrito, no serían sujetos habilitados para adquirir esas tierras, y algunas ventas se habrían canalizado a través de testaferros que actuarían como intermediarios de compradores extranjeros.

El concejal denunciante sostiene que estas operaciones violarían al menos tres cuerpos legales:

  • La Ley Orgánica Municipal (N° 3.966/2010), que declara inalienables, inembargables e imprescriptibles los bienes de dominio público municipal y exige subasta pública —con avalúo pericial previo— para cualquier venta.
  • La Ley N° 2.532/2005 de Zona de Seguridad Fronteriza, que prohíbe a ciudadanos de países limítrofes, o a personas jurídicas controladas mayoritariamente por ellos, adquirir bienes dentro de la franja de 50 kilómetros desde la frontera —donde se ubica Mayor Infante Rivarola— y que declara nulos los actos que la contravengan.
  • La Ley N° 2.933/2006, por un presunto desvío del destino específico para el cual el Estado cedió el terreno a la Municipalidad.

Ocupantes de larga data y un desalojo cuestionado

El escrito hace referencia a otra causa fiscal previa (N° 273/2026), radicada en marzo de este año, vinculada a la presencia en el predio de familias de escasos recursos con ocupación de hasta 30 años. Entre los ocupantes identificados en un acta de procedimiento de marzo figuran Fidelina Martínez, Pedro Daniel Pintos Martínez, Jorge David Sánchez Sanz, Rinaldo Felipe Martínez y Estanislao Vázquez Sanabria.

Según consta en la denuncia, una de las ocupantes relató que, al reclamar documentación sobre su derecho al terreno, la Municipalidad le informó que el predio había sido donado para dieciséis familias de escasos recursos. La denuncia también señala que el propio intendente —hoy renunciante— habría promovido el desalojo de estos ocupantes ante el Ministerio Público, sin que mediara un proceso legal adecuado, en lo que el escrito describe como una posible vulneración de derechos constitucionales vinculados al acceso a la vivienda.

Qué pide la denuncia

El concejal Martínez Araujo solicitó a la Fiscalía:

  • Abrir una investigación formal contra las autoridades municipales, incluyendo al exintendente Víctor Manuel Díaz Ávalos y a los integrantes de la Junta Municipal presidida por Nelly G. Servín M.
  • Oficiar a la Municipalidad de Mariscal Estigarribia para que remita los antecedentes de titulación de las tierras.
  • Investigar la identidad real de los compradores y determinar si actuaron como testaferros de extranjeros o de sociedades controladas por ciudadanos de países limítrofes.
  • Coordinar con la Dirección General de Registros Públicos y la Contraloría General de la República para esclarecer la titulación de las parcelas y evaluar la nulidad de las ventas.

La causa se encuentra en etapa inicial de investigación fiscal. Hasta el momento, ninguna de las personas mencionadas en la denuncia ha sido formalmente imputada.