Una denuncia penal contra el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, vuelve a poner en el centro de la discusión nacional el manejo de las tierras públicas en el Chaco paraguayo.
Cuatro pobladores de Alto Paraná cuestionan la restitución de unas 64.000 hectáreas en Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, y sostienen que la decisión habría favorecido a un particular que no reúne las condiciones para ser beneficiario de la reforma agraria.
El caso adquiere especial relevancia para el Chaco, donde la administración, adjudicación y seguridad jurídica de las tierras constituyen asuntos fundamentales para el desarrollo regional, la inversión, las comunidades y el patrimonio público.
Una resolución que genera fuertes cuestionamientos
Según publicó Diario Vanguardia, cuatro pobladores de la comunidad El Triunfo, distrito de Minga Guazú, presentaron una denuncia penal contra Francisco Carlos Ruiz Díaz López, titular del INDERT, por los presuntos hechos de lesión de confianza y prevaricato.
Los denunciantes son Tomás Zayas Roa, Calixto Afrodisio Franco Rojas, Eduardo Vázquez Sotelo y Arsenio Ramón Solís Ruiz Díaz.
El cuestionamiento apunta a la Resolución P. N.º 740/2024, del 10 de mayo de 2024, mediante la cual el titular del INDERT dispuso la restitución de tierras fiscales en Carmelo Peralta a favor de Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal.
La controversia se centra en que una parte del inmueble había sido adjudicada anteriormente para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Aduanas, en una ubicación estratégica para el corredor bioceánico.
De acuerdo con los denunciantes, la decisión administrativa habría dejado sin inmueble a la institución recaudadora, pese a que existían antecedentes judiciales favorables a los trámites realizados durante la administración anterior del INDERT, encabezada por Gail González Yaluff.
64.000 hectáreas en el centro de la controversia
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la extensión territorial involucrada: aproximadamente 64.000 hectáreas en el Chaco paraguayo.
Los denunciantes sostienen que estas tierras habrían sido restituidas a favor de una persona que no reúne los requisitos para ser considerada sujeto de la reforma agraria.
Arsenio Solís cuestionó duramente la decisión y afirmó que, mientras existían antecedentes judiciales favorables a la adjudicación de una fracción para Aduanas, la actual administración del INDERT habría dispuesto devolver el inmueble al particular.
Los pobladores también cuestionan supuestos cambios promovidos en la legislación agraria que, según su interpretación, podrían facilitar la transferencia de tierras públicas a grandes propietarios.
Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser examinadas por el Ministerio Público. Hasta el momento, no constituyen una determinación judicial de responsabilidad penal.


