La Municipalidad de Teniente 1° Manuel Irala Fernández está sumergida en un bocho institucional histórico: atraviesa una inédita tormenta política y administrativa que coloca a la comuna al borde del colapso financiero y operativo. A la aguda crisis institucional desatada por las denuncias sobre la ilegitimidad del propio intendente, se suma una asfixiante falta de liquidez que mantiene a los funcionarios municipales y a los concejales disidentes sin percibir sus haberes desde hace meses, encendiendo las alarmas ante la inminente convocatoria a movilizaciones y manifestaciones populares.
La desesperante situación laboral repercute directamente en el recinto municipal: mientras el personal administrativo y operativo denuncia el impago de sus salarios desde julio, el bloque opositor de la Junta Municipal acumula tres meses de atrasos en el cobro de sus dietas.
Caos institucional y cuestionada legitimidad del intendente
El trasfondo de esta tormenta política se profundizó tras la dimisión del exintendente Óscar Giménez Larramendia (ANR), quien renunció para volcarse a la campaña electoral, dejando una herencia de deudas multimillonarias y obras totalmente paralizadas. La posterior designación de Osvaldo Ríos como nuevo ejecutivo comunal desató un violento litigio judicial que hoy paraliza la gobernabilidad del distrito.
Los concejales Tomás Garcete e Ignacio «Nacho» Cáceres impulsaron una Acción de Nulidad ante la Justicia Electoral, a la par de una investigación penal del Ministerio Público por presunta usurpación de funciones públicas. El bloque opositor sostiene que la elección de Ríos carece de validez jurídica, al no haber alcanzado la mayoría absoluta de siete votos exigida por la ley (fue proclamado con apenas cinco votos y dos abstenciones) y mediante resoluciones contradictorias firmadas por ediles que se atribuyeron ilegalmente la presidencia de la Junta.
Bochorno en la Junta: El pacto de 7 concejales para «blanquear» la ilegalidad
En medio de este escenario, se produjo un nuevo bochorno durante la convocatoria a la Sesión Ordinaria N° 017/2026 de la Junta Municipal. Un bloque coyuntural integrado por siete concejales —cinco de la ANR y dos del PLRA— pretendió forzar la aprobación de una minuta con el objetivo expreso de convalidar y «blanquear» los actos viciados de nulidad que rodean la designación del intendente.
Ante la maniobra, la Mesa Directiva legítima y los ediles de la Alianza opositora abandonaron el recinto levantando la sesión para no ser cómplices del atropello.
«Estamos nosotros, los concejales de la Alianza, es decir, de la oposición… Justamente están adentro reactivando, y no vamos a hacer partícipes de algo que está mal. Es un caso que está judicializado. Ellos pretenden blanquear así como hicieron los concejales de Ñemby o de Asunción. Pretenden blanquear algo que está judicializado y algo que hicieron mal. No queremos formar parte del show que están haciendo, y no queremos ser parte de la solución de la cagada que hicieron. Que solucionen ellos conforme a criterio jurídico y con sus abogados. No vamos a formar parte de esta situación irregular», expresó Ignacio Cáceres, concejal municipal por la Alianza.
«En el punto 6 del Orden del Día justamente está la minuta de los cinco colorados: ‘Tratamiento, aprobación y ratificación de todo lo actuado en el procedimiento de elección del Intendente Municipal para completar el periodo 2021-2026’. Eso significaba que ellos quieren blanquear la designación de Don Osvaldo Ríos. Y con este blanqueo, los cinco colorados y los dos liberales es lo que van a hacer. Ellos seguro van a hacer una resolución como ya lo hizo Gervasio Aguilera el 6 de julio designándose como presidente. Se autodesignó, atropelló… una burla para la Junta. Enviaron la resolución a la Justicia Electoral y nosotros pedimos la nulidad porque hay un procedimiento penal pendiente en la Segunda Sala. No estamos de acuerdo, entramos en cuarto intermedio y salimos», señaló el concejal.
El cuestionado intento de «blanqueo»
El documento presentado para la Sesión Ordinaria N° 017/2026 (del 01/09/2026) evidenció la intención de ratificar lo actuado, donde estuvo una MINUTA que específicamente hablaba del «Tratamiento, aprobación y ratificación de todo lo actuado en el procedimiento de elección del Intendente Municipal para completar el periodo 2021 – 2026».-
Ediles señalados por el bloque institucional
«Ellos hacen lo que quieren a su antojo… pero en realidad los siete no son la Mesa Directiva del 2026. Quien les habla es el presidente, Tomás García, y el vicepresidente, Ignacio Cáceres. Están atropellando al cuerpo legislativo», enfatizó la autoridad.
Malestar social y protestas en puerta
La dualidad de autoridades y la falta de representatividad derivaron en una total parálisis administrativa. El concejal Ignacio Cáceres subrayó que los rubros para el pago de haberes contaban con el respaldo del Presupuesto Anual 2026, por lo que la falta de desembolso constituye una negligencia de gestión y un manejo irresponsable de los recursos comunales.
Ante el vacío de respuestas, la opacidad y el quebrantamiento institucional, el clima social se torna insostenible. Funcionarios, ediles opositores y pobladores advierten con la inminente adopción de medidas de fuerza, cierres y manifestaciones masivas si no se restituye de inmediato el orden constitucional y se regularizan las arcas municipales.
