Contrataciones por más de ₲3.000 millones, consultorías millonarias, cuestionamientos sobre terrenos municipales y compromisos presupuestarios bajo sospecha configuran el escenario que enfrenta la comuna. La falta de liquidez y los atrasos salariales ponen en evidencia la gravedad de una crisis que es el legado del ex intendente Víctor Díaz.
La Municipalidad de Mariscal Estigarribia, considerada uno de los principales centros geográficos, económicos e institucionales del Chaco paraguayo, atraviesa una de las situaciones financieras y administrativas más delicadas de los últimos años, a causa de lo que sería la gestión aplazada de un intendente que habría improvisado y convertido el uso de recursos públicos en «un festín». La falta de recursos para cumplir con el pago de salarios a funcionarios permanentes y contratados constituye la expresión más visible de una crisis que compromete el funcionamiento institucional y genera incertidumbre entre los trabajadores municipales y los proveedores.
La magnitud de los compromisos identificados, sumada a la falta de información financiera completa y accesible, plantea una interrogante fundamental: ¿cómo llegó la Municipalidad a esta situación y cuál fue el destino de los recursos públicos comprometidos durante los últimos meses?
₲1.000 millones en consultorías adjudicadas a fines de 2025
Uno de los antecedentes más importantes de la actual crisis financiera se remonta al cierre del ejercicio fiscal 2025, cuando la administración de Víctor Díaz adjudicó dos contratos de consultoría por un monto total de ₲1.000 millones.
El primer procedimiento, correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas N.º 09/2025, identificada con el ID 468571, contempló una consultoría financiera y administrativa por ₲500 millones, adjudicada a Arnaldo Alipio Ramírez Galeano, bajo el nombre comercial ARG Consultora.
El segundo proceso, correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas N.º 11/2025, ID 468574, estuvo destinado a estudios y proyectos de inversión, también por ₲500 millones, y fue adjudicado a Fernando Fabián Rotela Franco.
Ambos procedimientos fueron objeto de cuestionamientos debido a que registraron un solo oferente. En particular, el segundo contrato fue firmado el 26 de noviembre de 2025, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre del mismo año, lo que dejó apenas 35 días para la ejecución de una consultoría de considerable envergadura.
La brevedad del plazo, la magnitud de los montos y la concentración de las adjudicaciones al cierre del ejercicio fiscal plantean dudas sobre la planificación, la necesidad de los servicios contratados y la capacidad de verificar adecuadamente los resultados antes de finalizar el año.
Funciones que ya estaban cubiertas dentro de la Municipalidad
Otro aspecto que requiere aclaración es la posible superposición entre las consultorías contratadas y las funciones que ya desempeñaban funcionarios de la propia institución.
Los registros salariales analizados identifican cargos vinculados con administración, finanzas, auditoría y asesoría, cuyos costos representaban aproximadamente ₲37,4 millones mensuales, equivalentes a unos ₲486,2 millones al considerar 13 pagos anuales.
También se señaló que Mario Ramón González Barrios, quien figuraba como auditor interno con una remuneración mensual de ₲9,9 millones, aparecía como administrador de uno de los contratos de consultoría.
Esta situación hace necesario conocer los informes técnicos que justificaron las contrataciones, los productos entregados por los consultores y los mecanismos de control utilizados para verificar el cumplimiento de las obligaciones.
La existencia de contratos por estos montos no demuestra por sí sola un perjuicio patrimonial. Sin embargo, la ausencia de información pública suficiente sobre sus resultados y la eventual superposición de funciones justifican una revisión exhaustiva de los expedientes y de los pagos efectuados.
El asesor de ₲500 millones: 17 años de consultorías y ausencia de entregables verificables
Otro de los casos que genera cuestionamientos corresponde a la contratación de Arnaldo Alipio Ramírez Galeano por ₲500 millones, en un proceso desarrollado durante el año electoral 2026.
Los antecedentes contractuales examinados señalan que el consultor habría prestado servicios de asesoría durante aproximadamente 17 años en seis municipalidades diferentes. Sin embargo, se han planteado dudas sobre la existencia de informes, diagnósticos y productos finales que permitan verificar los resultados de parte de esos servicios.
A estos cuestionamientos se suma la información sobre su inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), un antecedente que requiere ser contrastado con las disposiciones legales aplicables a la contratación pública y con la situación registral vigente al momento de la adjudicación.
La contratación por ₲500 millones, en plena campaña electoral, adquiere especial relevancia en un municipio que actualmente enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones salariales.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué servicios fueron efectivamente prestados, cuáles fueron los resultados obtenidos y qué controles se aplicaron antes de autorizar los pagos. También corresponde determinar si se cumplieron todos los requisitos legales exigidos para la contratación del asesor.
₲1.500 millones comprometidos en medio de cuestionamientos presupuestarios
La situación financiera municipal se vio nuevamente comprometida con un proceso de adquisición de alimentos para personas en situación de vulnerabilidad, cuyo monto máximo alcanzó ₲1.500 millones.
La Licitación Pública Nacional N.º 02/2026 fue cuestionada por las condiciones de su convocatoria, el respaldo presupuestario y la documentación que sustentaba el procedimiento.
Entre los puntos observados se encuentra la utilización inicial de una constancia presupuestaria ad referéndum, así como la documentación presentada posteriormente para respaldar el proceso. También se señalaron observaciones sobre requisitos del pliego de bases y condiciones y la participación de una sola empresa oferente.
La adquisición de alimentos para familias vulnerables constituye una finalidad social importante. No obstante, la ejecución de estos recursos debe ajustarse estrictamente a las normas de contratación pública y a la disponibilidad presupuestaria, con procedimientos transparentes que garanticen la competencia y el uso adecuado de los fondos.
En un contexto de dificultades para pagar salarios y sostener los servicios municipales, comprometer hasta ₲1.500 millones en una contratación exige una explicación detallada sobre su planificación, financiamiento, ejecución y obligaciones pendientes.
La principal cuestión es determinar si el proceso contó con todos los respaldos legales y presupuestarios necesarios y cuál es el impacto real de esta contratación sobre la disponibilidad de recursos de la Municipalidad.
Terrenos municipales: operaciones inmobiliarias que exigen transparencia
El manejo de los terrenos pertenecientes al patrimonio municipal constituye otro de los aspectos que requieren una explicación pública.
Las operaciones de enajenación, cesión y transferencia de inmuebles municipales plantean interrogantes sobre los criterios utilizados para establecer los precios por metro cuadrado, los procedimientos de autorización y el destino de los recursos obtenidos.
Uno de los casos examinados corresponde a un inmueble ubicado en la Zona Industrial Norte, respecto del cual se documentó una operación privada de cesión de derechos por ₲70 millones, además de un comprobante de ingreso municipal por ₲10.050.000, correspondiente a un pago realizado en septiembre de 2025.
La documentación también hace referencia a un contrato privado de cesión de derechos firmado el 13 de septiembre de 2025 entre Víctor Díaz, a título personal, y César Francisco Lobos Faria.
Estos antecedentes abren interrogantes sobre la naturaleza jurídica de la operación, la relación entre los distintos actos de transferencia y el valor real de los inmuebles involucrados.
El patrimonio inmobiliario municipal representa un activo público que debe administrarse en beneficio de la comunidad. Por ello, resulta fundamental que cada operación cuente con tasaciones, autorizaciones, antecedentes catastrales y registros contables que permitan reconstruir el procedimiento y verificar el ingreso efectivo de los fondos a las arcas municipales.
La falta de información completa sobre estas operaciones dificulta establecer si los valores aplicados fueron adecuados y si los recursos obtenidos tuvieron el destino previsto.
Denuncia ante el TSJE por presunto uso de recursos públicos con fines electorales
Los cuestionamientos a la gestión municipal también alcanzaron el ámbito electoral.
Un contribuyente de Mariscal Estigarribia presentó una denuncia formal ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) contra Víctor Díaz, por presunto uso indebido de la función pública y de los bienes municipales con fines electorales, en el marco de las internas partidarias.
La presentación cuestiona, entre otros aspectos, la continuidad de la participación de Díaz en actividades institucionales después de dejar oficialmente la intendencia y su posterior designación como asesor ad honorem de la Municipalidad.
El denunciante sostuvo que determinadas apariciones en actos oficiales y publicaciones institucionales podrían representar una utilización de la estructura municipal para favorecer intereses electorales.
La denuncia también hace referencia a actividades relacionadas con la entrega de resoluciones sobre terrenos a familias y centros comunitarios, y solicita que las autoridades electorales investiguen los hechos señalados.
Si bien la presentación constituye una denuncia y no una determinación de responsabilidad, el caso plantea la necesidad de esclarecer los límites entre las funciones institucionales y las actividades de carácter político-partidario, así como el uso de los recursos públicos durante los procesos electorales.
La eventual responsabilidad de los involucrados deberá establecerse a través de los procedimientos legales correspondientes.
La falta de transparencia profundiza la incertidumbre
A la crisis financiera se suma el cuestionamiento sobre el acceso a la información pública y la disponibilidad de documentos relacionados con la gestión municipal.
La Ley N.º 5282/14, de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, establece mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a información en poder de las instituciones públicas.
La publicación de planillas salariales, informes financieros, contratos, adjudicaciones, órdenes de pago y rendiciones de cuentas resulta esencial para que la ciudadanía pueda ejercer el control sobre la administración de los recursos municipales.
La ausencia o falta de actualización de información relevante dificulta conocer el estado real de las finanzas y verificar el cumplimiento de las obligaciones institucionales.
En una situación de crisis, la transparencia no debería limitarse a responder solicitudes puntuales. La Municipalidad necesita ofrecer información clara, periódica y verificable sobre sus ingresos, gastos, compromisos y deudas.
Las responsabilidades que deben ser esclarecidas
El escenario que enfrenta Mariscal Estigarribia requiere respuestas tanto de la administración anterior como de las actuales autoridades municipales.
Durante la gestión de Víctor Díaz se desarrollaron contrataciones y operaciones que hoy son objeto de cuestionamientos. Corresponde que el exintendente y los funcionarios que intervinieron en esos procedimientos puedan explicar las decisiones adoptadas, presentar los antecedentes técnicos y financieros y demostrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Por su parte, José Molinas tiene la responsabilidad de informar sobre el estado en que recibió la institución, las medidas de emergencia implementadas y las acciones previstas para recuperar la capacidad financiera de la comuna.
También resulta necesaria la intervención de los organismos competentes, entre ellos la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro de sus respectivas atribuciones, para verificar los procedimientos, los pagos, las rendiciones y el eventual perjuicio a las arcas municipales.
Los cuestionamientos planteados no sustituyen una auditoría ni constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad administrativa, civil o penal. Sin embargo, la magnitud de los montos involucrados y las consecuencias sobre el funcionamiento municipal justifican que se realicen las verificaciones correspondientes y se publiquen sus resultados.
Una municipalidad en crisis y trabajadores que esperan sus salarios
Más allá de los expedientes administrativos y las controversias políticas, la consecuencia más inmediata de la situación financiera recae sobre los trabajadores municipales.
Los salarios representan el sustento de numerosas familias y su retraso compromete la estabilidad económica de quienes prestan servicios en la institución. La falta de recursos también puede repercutir sobre la capacidad de respuesta de la Municipalidad en áreas esenciales para los habitantes del extenso distrito de Mariscal Estigarribia.
La crisis, por lo tanto, no puede abordarse exclusivamente como una disputa entre sectores políticos. Se trata de un problema institucional que requiere medidas concretas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales, mantener los servicios públicos y recuperar la confianza de la ciudadanía.
La prioridad inmediata debe ser establecer un diagnóstico financiero completo, identificar los recursos disponibles y las obligaciones exigibles y presentar un plan de regularización que permita conocer cuándo y cómo serán atendidos los salarios pendientes.


