Una causa penal que salpica a sectores vinculados a la política local pone al descubierto un presunto esquema de corrupción, falsificación y despojo económico en perjuicio de comunidades originarias en el Chaco paraguayo. La Fiscalía de Pozo Colorado interviene ante un supuesto fraude que supera los G. 1.300 millones.
La imputación e investigación penal
El Ministerio Público de la Zonal Pozo Colorado (Unidad Penal 01), bajo la conducción del fiscal Abg. Fernando Ariel González Ayala, presentó la notificación formal del acta de imputación ante el Juez Penal de Garantías en el marco de la Causa N° 632/2024.
La causa está abierta por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Entre los principales procesados figura Francisco Javier Espínola Larramendia, hermano del ex intendente y candidato político por la Lista 1, Oscar Giménez Larramendia, junto a Derlis Raúl Zárate Lovera y María Magdalena Pereira Bogado.
El esquema detrás del millonario fraude
De acuerdo con las indagaciones preliminares y denuncias provenientes de autoridades locales de Campo Aceval, el grupo habría articulado un mecanismo para comerciar ilegalmente con certificados de servicios ambientales pertenecientes a la comunidad indígena Nivaclé-Novoctas.
Mecanismo del presunto despojo:
Documentación y personería falsa: Los investigados habrían confeccionado autorizaciones y poderes de representación legal falsos a nombre de la comunidad Nivaclé-Novoctas, además de mandar a imprimir talonarios de facturas sin conocimiento ni aval de las verdaderas autoridades indígenas. Comercialización ilegal: Utilizando dichos talonarios, vendieron los certificados de servicios ambientales a empresas y particulares de la zona. María Magdalena Pereira Bogado se encargaba presuntamente de captar a los compradores y cobrar las sumas. Bancarización y reparto: El dinero recaudado era depositado en una cuenta habilitada en la entidad BANCOOP a nombre de Francisco Javier Espínola Larramendia, desde donde posteriormente se distribuían los fondos entre los involucrados.
Sin beneficio para las víctimas
Los líderes legítimos de la comunidad Nivaclé-Novoctas manifestaron que jamás autorizaron la venta de sus activos ambientales ni recibieron beneficio económico alguno de las transacciones efectuadas, las cuales superan los G. 1.300 millones.
La representación fiscal solicitó oficialmente la aplicación de medidas cautelares contra los procesados mientras prosiguen las diligencias procesales, sostenidas en actas de denuncia policial y declaraciones testificales recepcionadas en la sede del Ministerio Público.


