En el entramado de la contratación pública paraguaya, hay nombres que aparecen una y otra vez sin que nadie se detenga a preguntar por qué. Arnaldo Alipio Ramírez Galeano (C.I. 2.858.259, RUC 2858259-4) es uno de esos nombres. Durante al menos 17 años, ha cobrado dinero público en concepto de «asesorías» y «consultorías» en seis municipalidades diferentes, siempre por Contratación Directa, y sin que exista documentación pública que acredite qué servicios prestó a cambio. El mismo es también «asesor de oro» de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, en la gestión de Víctor Díaz.
La Contraloría General de la República lo identificó en 2008. El portal de contrataciones públicas lo muestra adjudicatario recurrente hasta 2025. Y en agosto de ese año, la Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia le adjudicó Gs. 500.000.000 —su mayor contrato conocido— por una «Consultoría Financiera y Administrativa» que venció sin pagos registrados, sin entregables documentados, y en un contexto electoral que abre interrogantes sobre el verdadero destino de esos fondos.
Este reportaje no pretende acusar. Pretende documentar, con fuentes públicas, un patrón que sugiere la necesidad de investigación más profunda por parte de las autoridades competentes.
¿QUIÉN ES ARNALDO ALIPIO RAMÍREZ GALEANO?
Según los registros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Ramírez Galeano fue electo concejal municipal titular por la Asociación Nacional Republicana (ANR — Partido Colorado) en el distrito de Yaguarón, Departamento de Paraguarí, para el período 2006-2010, con 2.051 votos.

Documento 1: Resumen Nacional de Concejales Electos (TSJE). Se observa resaltado el nombre de Arnaldo Alipio Ramírez Galeano, electo concejal titular por la ANR en Yaguarón, Departamento de Paraguarí, período 2006-2010, con 2.051 votos. Este dato confirma su rol político activo dentro del Partido Colorado, simultáneo a su actividad como «consultor» en municipalidades gobernadas por el mismo partido.
Posteriormente, en 2021, Ramírez Galeano aparece registrado como Delegado Electoral Adjunto 1 de la ANR en el distrito de San Alfredo, Departamento de Concepción, para las elecciones internas partidarias del 20 de junio de 2021. San Alfredo es, precisamente, una de las municipalidades donde figura como adjudicatario de contratos de consultoría.
En otras palabras: Ramírez Galeano no es un consultor técnico independiente. Es un operador político del Partido Colorado con presencia documentada en al menos dos departamentos del país.
LO QUE LA CONTRALORÍA YA ENCONTRÓ EN 2008
En 2008, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Municipalidad de Yaguarón. En ese informe, Arnaldo Alipio Ramírez Galeano aparece como receptor de Gs. 120.300.000 en concepto de «Honorarios Profesionales» como «Asesor Externo» de la Dirección de Administración y Finanzas.
Esto ocurría mientras Ramírez Galeano era, simultáneamente, concejal municipal titular de esa misma municipalidad (período 2006-2010). Es decir: era legislador y asesor externo del Ejecutivo al mismo tiempo, en la misma institución.

Documento 2: Informe de la Contraloría General de la República — Detalle de pagos a Arnaldo Alipio Ramírez Galeano, Municipalidad de Yaguarón, ejercicio fiscal 2008. Total: Gs. 120.300.000. En la columna «Observación» se lee repetidamente: «No se adjunta informe, no se observa respaldo del trabajo realizado». La Contraloría también constata que fue electo concejal municipal en Yaguarón para el período 2006-2010 (fuente: TSJE, página 65).

Documento 3: Informe de la Contraloría — Conclusiones. Cheques emitidos a nombre de Ramírez Galeano fueron endosados a terceros: cheque N° 256951 (Gs. 3.210.000) endosado a Ángel María González Leguizamón (C.I. 3.002.023), funcionario técnico II permanente de la Municipalidad; y cheque N° 393499 (Gs. 3.210.000) endosado a Armando Ramón Delvalle Núñez (C.I. 2.333.942), secretario III permanente del Ejecutivo Municipal. Los honorarios del «asesor externo» terminaron en manos de funcionarios internos de la propia Municipalidad. La Contraloría cita la Ley 1535/99 Art. 65° y el Decreto 8127/00 Art. 92° como normas violadas.

Documento 4: Informe de la Contraloría — Recomendaciones. Se constatan pagos por Gs. 120.300.000 a Ramírez Galeano, pero «no se observan los documentos que respaldan los trabajos realizados como asesor y la copia del proyecto elaborado». Se reitera su condición de concejal 2006-2010. Contravención a Ley 1535/99 Art. 65° y Decreto 8127/00.
LA RED: SEIS MUNICIPALIDADES EN 17 AÑOS
A pesar del hallazgo de la Contraloría en 2008, Ramírez Galeano continuó siendo adjudicatario recurrente en múltiples municipalidades. Los registros del portal de contrataciones públicas muestran al menos 12 adjudicaciones a su nombre, todas por Contratación Directa (CD), nunca en licitación abierta con competencia.

Documento 5: Portal de Contrataciones Públicas — Adjudicaciones del Proveedor, página 1 de 2. Se observan 10 adjudicaciones en municipalidades de Nanawa, San Pablo, San Alfredo, y Santa Rosa del Aguaray, todas por Contratación Directa (CD), todas en la categoría «Consultorías, Asesorías e Investigaciones». San Alfredo, donde tiene contratos, es el mismo distrito donde actúa como delegado electoral de la ANR.

Documento 6: Portal de Contrataciones Públicas — Adjudicaciones del Proveedor, página 2 de 2. Últimas adjudicaciones: Gs. 90.000.000 (San Alfredo, CD) y la más grande: LMCN N° 09/2025 (ID 468571) por Gs. 500.000.000 con la Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia (MCN). Este último contrato es el objeto central de este reportaje.
EL SALTO EMPRESARIAL: FERNANDO DE LA MORA (2016)
En 2016, Ramírez Galeano ya no actúa solo como persona física, sino como representante legal de «Consultoría Integral y Técnica Asociados — CONSINTEC» (RUC 80059817-2). La Resolución I.M.F.M. N° 0556/2016 de la Municipalidad de Fernando de la Mora le adjudica Gs. 137.500.000 por «Consultoría UOC y Asesoría Jurídica».

Documento 7: Resolución I.M.F.M. N° 0556/2016, Municipalidad de Fernando de la Mora (26/02/2016). Se adjudica por Contratación Directa a CONSULTORÍA INTEGRAL Y TÉCNICA ASOCIADOS — CONSINTEC (RUC 80059817-2), por Gs. 137.500.000, cuyo representante legal es Arnaldo A. Ramírez Galeano (C.I. 2.858.259). Firman el Intendente Alcides Riveros Candia y el Secretario General Celso Gustavo Núñez Vera.
Este documento revela que Ramírez Galeano utiliza diferentes vehículos jurídicos para acceder a contrataciones: persona física, empresa CONSINTEC, y como veremos a continuación, una tercera razón social: «ARG Consultora».
LMCN 09/2025: GS. 500 MILLONES EN MARISCAL ESTIGARRIBIA
En agosto de 2025, la Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia adjudica a Ramírez Galeano el mayor contrato de su carrera conocida. Los documentos del portal de contrataciones y el contrato mismo revelan múltiples anomalías.
La DNCP detectó inconsistencias — y se adjudicó igual
El propio sistema de verificación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) detectó problemas en el proceso. Durante la verificación de Primera Etapa, el verificador identificado como «hgaleano» registró observaciones entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2025.

Documento 8: Datos de Verificación de la DNCP para LMCN 09/2025. Situación: «Inconsistencia en documentos». Descripción: «Se observa inconsistencias de datos en los documentos remitidos». Comentario: «La convocante no cumple con el plazo de comunicación del acta de apertura económica conforme al artículo 62 de la resolución DNCP 230/25». Es decir: la propia DNCP señaló que la Municipalidad incumplió un requisito procedimental básico, y aun así el proceso continuó hasta la adjudicación.
El contrato: ARG Consultora, tres razones sociales para una misma persona
El Contrato N° 09/2025 revela que Ramírez Galeano no actúa ya como persona física ni como CONSINTEC, sino bajo una tercera razón social: «ARG CONSULTORA» (RUC 2858259-4 — el mismo RUC personal de Ramírez), domiciliada en KM 56 Ruta N°1, Central. Es decir: el «consultor» que le cobra Gs. 500 millones a una municipalidad del Chaco ni siquiera tiene domicilio en la zona.

Documento 9: Contrato N° 09/2025 entre la Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia y ARG CONSULTORA (RUC 2858259-4), representada por Arnaldo Alipio Ramírez Galeano (C.I. 2858259). Firman por la Municipalidad el Intendente Víctor Manuel Díaz Ávalos (C.I. 3.720.437) y el Secretario General Gustavo Marcial Servín Maldonado (C.I. 3.685.410). Resolución de adjudicación: IM N° 1411/2025. Se observan dos ítems: Consultoría Administrativa (Gs. 260.000.000) y Consultoría Financiera (Gs. 240.000.000). Total: Gs. 500.000.000. Nótese que el código de catálogo del ítem dice «Consultoria Administrativa y/o Contable» — el nombre original de la planificación, diferente al nombre final del contrato.
Los dos ítems: una consultoría dividida en dos para sumar Gs. 500 millones

Documento 10: Ítems Adjudicados del contrato LMCN 09/2025 (ID 468571). Se muestra el ítem «CONSULTORIA ADMINISTRATIVA» por Gs. 260.000.000, cuyo código de catálogo (80101507-036) corresponde a «Consultoria Administrativa y/o Contable» — el objeto original de la planificación de marzo de 2025. El nombre cambió pero el código de catálogo mantiene el nombre anterior, evidenciando la discrepancia entre lo planificado y lo adjudicado.
Vigencia, monto total y pliego inexistente

Documento 11: Contrato N° 09/2025 — Cláusulas 5, 6, 7 y 8. Total del contrato: Gs. 500.000.000 (Quinientos millones). Vigencia: hasta el 31/12/2025. La administración del contrato está a cargo del Director de Auditoría CP Mario Ramón González Britos. Se menciona que los bienes y/o servicios deberán entregarse «dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones». Sin embargo, dicho Pliego de Bases y Condiciones NO EXISTE en el portal de contrataciones, lo que impide verificar cuándo debían entregarse los resultados de las consultorías.
Este hallazgo es particularmente relevante: si el pliego de bases y condiciones no está disponible públicamente, no hay forma de que ciudadanos, periodistas, o incluso la nueva administración municipal puedan verificar si el consultor cumplió con los plazos de entrega. Es un contrato de Gs. 500 millones cuyas condiciones de cumplimiento son inverificables.
El timing electoral
La adjudicación se produce el 28 de agosto de 2025, apenas 37 días antes de las elecciones municipales del 4 de octubre. El contrato se firma el 6 de octubre — dos días después de las elecciones que Díaz Ávalos pierde. La vigencia vence el 31 de diciembre de 2025. ¿Coincidencia de calendario o diseño deliberado?
El resultado: cero pagos, cero entregables
Según los registros del portal de contrataciones, al cierre de este reportaje: total pagado a Ramírez Galeano: Gs. 0 (cero). Indicadores de cumplimiento registrados: ninguno. Documentos de consultoría entregados: ninguno. Es decir: el contrato más grande de la carrera de Ramírez Galeano venció sin que exista evidencia de que haya entregado algo. El mismo patrón que la Contraloría identificó en 2008, pero multiplicado por cuatro.
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
Un dato adicional que completa el perfil público de Ramírez Galeano: su número de cédula (2.858.259) arroja resultado positivo en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

Documento 12: Consulta pública en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) con el documento de identidad 2858259. El sistema indica que el informe debe ser gestionado personalmente ante la oficina de Informaciones Judiciales. Este dato forma parte del perfil público del adjudicatario de Gs. 500 millones en fondos municipales.
LAS PREGUNTAS QUE PERMANECEN SIN RESPUESTA
¿Fue Ramírez Galeano concejal municipal y asesor externo de la misma Municipalidad de Yaguarón simultáneamente en 2008? Si fue así, ¿cómo se justifica esa doble función?
¿Por qué los cheques de sus honorarios en Yaguarón fueron endosados a funcionarios permanentes de la propia Municipalidad?
¿Por qué Ramírez Galeano continuó siendo adjudicatario después de que la Contraloría documentara la falta de respaldo en sus trabajos?
¿Qué relación existe entre su rol como delegado electoral de la ANR en San Alfredo y sus contratos de consultoría en esa misma municipalidad?
¿Por qué la DNCP detectó «inconsistencia en documentos» y el proceso continuó hasta la adjudicación?
¿Por qué el pliego de bases y condiciones de la LMCN 09/2025 no está disponible en el portal de contrataciones?
¿Qué justificación técnica existe para aumentar el presupuesto de Gs. 300.000.000 a Gs. 500.000.000 (67%)?
¿Por qué Ramírez Galeano opera bajo tres razones sociales diferentes (persona física, CONSINTEC, ARG Consultora) con el mismo tipo de servicio?
¿Cuál es la relación entre Víctor Manuel Díaz Ávalos y Arnaldo Alipio Ramírez Galeano?
¿Dónde están los documentos que Ramírez Galeano debería haber entregado como resultado de la consultoría?
¿Qué sucedió con los Gs. 500.000.000 presupuestados para esta consultoría?
¿Por qué un consultor domiciliado en KM 56 Ruta N°1, Central, fue contratado para asesorar a una municipalidad del Chaco, a más de 800 kilómetros de distancia?
Arnaldo Alipio Ramírez Galeano presenta un patrón de 17 años de actividad en la contratación pública, caracterizado por adjudicaciones recurrentes sin competencia, ausencia de documentación que acredite trabajos, continuidad a pesar de hallazgo de Contraloría, presencia en al menos seis municipalidades, uso de múltiples razones sociales (persona física, CONSINTEC, ARG Consultora), y escalada de montos (de Gs. 120.300.000 en 2008 a Gs. 500.000.000 en 2025).
Los antecedentes sugieren que Ramírez Galeano no actúa como consultor técnico independiente, sino como operador político del Partido Colorado con acceso privilegiado a la contratación directa en municipalidades gobernadas por la ANR.
Asimismo, la adjudicación LMCN 09/2025 presenta anomalías procedimentales graves — inconsistencias detectadas por la propia DNCP, cambio de objeto, sobrecosto de 67%, pliego de bases y condiciones inexistente en el portal, vigencia comprimida en contexto electoral, y cero pagos con cero entregables — que sugieren la necesidad de investigación por parte de la Contraloría General de la República y, eventualmente, del Ministerio Público.
Entretanto, el contrato fue firmado personalmente por el entonces Intendente Víctor Manuel Díaz Ávalos y el Secretario General Gustavo Marcial Servín Maldonado, ambos funcionarios ya identificados en otras investigaciones sobre irregularidades en la gestión municipal de Mariscal Estigarribia.
Y lo que la ciudadania de Mariscal Estigarribia pregunta: cuál es el destino de los Gs. 500.000.000 presupuestados permanece sin explicación pública. Las condiciones de cumplimiento del contrato son inverificables porque el pliego de bases y condiciones no existe en el portal.
Es evidente es que existe un patrón documentado de anomalías procedimentales que debería activar los mecanismos de control del Estado. La pregunta es si alguien, finalmente, los activará.
FUENTES DOCUMENTALES
- Informe de la Contraloría General de la República, Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales, Auditoría a la Municipalidad de Yaguarón, ejercicio fiscal 2008 (Documentos 2, 3 y 4).
- Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Resumen Nacional de Concejales Electos, elecciones municipales 2006, página 65 (Documento 1).
- Portal de Contrataciones Públicas del Estado Paraguayo (contrataciones.gov.py), registros de adjudicaciones y verificación de LMCN 09/2025 (Documentos 5, 6, 8 y 10).
- Contrato N° 09/2025, Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia (Documentos 9 y 11).
- Resolución I.M.F.M. N° 0556/2016, Municipalidad de Fernando de la Mora (Documento 7).
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), Poder Judicial del Paraguay (Documento 12).
- Asociación Nacional Republicana (ANR), Listado de Delegados Electorales al 14/06/2021 (www.anr.org.py).


