La Municipalidad de Teniente 1° Manuel Irala Fernández atraviesa una inédita tormenta política y administrativa que tiene a la comuna al borde del colapso operativo. Sin embargo, más allá de la crisis de gestión arrastrada por el oficialismo colorado, las miradas se concentran ahora en el sorpresivo comportamiento del bloque liberal en la Junta Municipal, cuyos integrantes están otorgando las herramientas normativas para consolidar el atropello institucional. Los ediles azules, la Lic. Marta Ojeda y el Lic. Pablo Vega, se sumaron al bloque de 5 concejales de la ANR, entregando de primera mano las herramientas necesarias para violentar el proceso institucional del distrito. Un capítulo oscuro del bochorno en la auténtica novela, generada por la ANR, y apoyada inéditamente por parte del PLRA. Esta actuación es calificada por diversos sectores como una irresponsabilidad histórica, ya que al prestarse al juego de la convalidación, los ediles liberales otorgan cobertura política a una maniobra viciada de nulidad en lugar de velar por el cumplimiento estricto de las leyes municipales.
Un conflicto de origen oficialista
La parálisis institucional se profundizó tras la dimisión del exintendente Óscar Giménez Larramendia (ANR), quien dejó el cargo para abocarse a la campaña electoral, legando deudas multimillonarias y obras paralizadas. La posterior designación de Osvaldo Ríos como nuevo ejecutivo comunal desató un complejo litigio judicial.
El bloque opositor presentó acciones ante la Justicia Electoral y la Fiscalía por presunta usurpación de funciones públicas, argumentando que la elección de Ríos vulneró la Ley Orgánica Municipal al ser proclamado con solo 5 votos y 2 abstenciones, sin alcanzar la mayoría absoluta de 7 votos requerida por norma legal.
Herramientas para violentar el proceso institucional
Durante la Sesión Ordinaria N° 017/2026, la bancada de la ANR impulsó una minuta orientada a ratificar todo el procedimiento de elección del intendente para el periodo 2021-2026, en un intento por blanquear los actos cuestionados.
El aspecto más llamativo y preocupante de la jornada no fue la iniciativa del sector colorado, sino la abierta complicidad de dos representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
La postura de la disidencia
Ante la maniobra, la Mesa Directiva de la Junta —encabezada por el presidente Tomás García y el vicepresidente Ignacio «Nacho» Cáceres— junto a ediles de la Alianza opositora abandonaron el recinto levantando la sesión para no validar la resolución.
«Están adentro reactivando y no vamos a ser partícipes de algo que está mal y judicializado. Pretenden blanquear algo que hicieron mal. No queremos ser parte de la solución de la cagada que hicieron», aseveró el concejal Ignacio Cáceres tras retirarse de la sala.
Parálisis administrativa y tensión social
La falta de institucionalidad y el respaldo otorgado a la ilegalidad impactan de manera directa en el funcionamiento cotidiano de la comuna. Los funcionarios municipales no perciben haberes desde julio, mientras que los concejales de la disidencia acumulan tres meses de atraso en el cobro de sus dietas.
Mientras la legitimidad de las autoridades continúa dirimiéndose en los estrados judiciales, el malestar social aumenta entre los pobladores, quienes advierten con la adopción de medidas de fuerza y movilizaciones ante el cese de servicios básicos y la grave crisis institucional fomentada en el seno del cuerpo legislativo.
