Investigación del Diario Chaco Sin Fronteras. Un distrito de más de 13.000 km², con siete de cada diez habitantes de pueblos originarios, arrastra un historial de rendiciones de cuentas incumplidas y una fiscalización estatal casi ausente.
Un distrito rico, una población que espera
Teniente Primero Manuel Irala Fernández —conocido simplemente como Irala Fernández— es uno de los distritos más extensos del Chaco paraguayo: más de 13.000 km² en el departamento de Presidente Hayes, sobre la Ruta 9, a unos 389 kilómetros de Asunción. Fue creado como distrito en 2006, tras desprenderse de Villa Hayes, y hoy tiene alrededor de 20.000 a 26.000 habitantes según las distintas mediciones oficiales.
Es también un distrito de contrastes. El actual intendentable y ex intendente del periodo 2021 – 2026, Óscar Martín Giménez Larramendia (ANR), reconoció públicamente que cerca del 70% de la población pertenece a pueblos originarios, un sector que enfrenta condiciones de vulnerabilidad social y económica marcadas, en un municipio que convive con actividad ganadera, colonias menonitas y proyectos energéticos de escala regional.
En ese contexto —recursos importantes, necesidades urgentes— la forma en que la Municipalidad administra y rinde cuentas de sus fondos públicos no es un detalle administrativo: es la diferencia entre obras que llegan y promesas que no.
Los fondos que no se rindieron
En mayo de 2022, una investigación del diario ABC Color sobre el incumplimiento de la obligación legal de rendir cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) incluyó a la comuna de Irala Fernández en la lista de intendencias en falta. El propio Giménez Larramendia figuró entre 35 intendentes que no habían rendido a la CGR los fondos recibidos por Fonacide y royalties correspondientes al primer cuatrimestre de ese año.
No se trata de un hecho aislado en el país: la nota señalaba que, de esos 35 casos, 26 correspondían a intendentes colorados, cuatro a alianzas opositoras y cinco al PLRA, un patrón que atraviesa a distintos signos políticos y que la propia Contraloría reconoce como un problema estructural del sistema municipal paraguayo. Pero la inclusión de Irala Fernández en esa lista es un dato concreto: son recursos —royalties por la producción hidroeléctrica binacional y compensaciones que la ley destina a los municipios— que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gastaron, y que en ese período no fueron rendidos en tiempo y forma.
El Congreso pidió explicaciones
El expediente no quedó únicamente en el ámbito de la prensa. En el Congreso Nacional se tramitó un proyecto de resolución que <solicitaba informes a la Junta Municipal de Teniente Manuel Irala Fernández sobre el manejo de royalties, compensaciones y fondos de Fonacide.
El pedido, según el texto de la resolución consultado, fue mucho más allá de un simple informe general. Entre los puntos solicitados a la comuna figuran:
- El detalle completo de los llamados a licitación realizados por excepción desde enero de 2020, incluyendo los motivos invocados, los montos adjudicados y las obras, bienes o servicios efectivamente ejecutados, con toda la documentación respaldatoria.
- Copia de todas las resoluciones de la Junta Municipal vinculadas a esos procesos de contratación, adjudicaciones y contratos firmados desde 2020.
- El registro de las transferencias efectivamente recibidas del Ministerio de Hacienda en ese mismo período.
- Copias autenticadas de las actas de todas las sesiones de la Junta Municipal desde enero de 2020.
- Un detalle pormenorizado de vehículos habilitados por la comuna —con propietarios y domicilios— y de las licencias de conducir emitidas año por año entre 2015 y 2021.
Que el Legislativo nacional haya necesitado activar un pedido formal de informes —con ese nivel de detalle sobre contrataciones «por excepción», es decir, fuera del proceso competitivo ordinario— es en sí mismo un indicador de que existían dudas serias sobre la transparencia de esos procesos. La modalidad de «excepción» es, precisamente, la vía que en distintos municipios paraguayos ha sido usada para eludir licitaciones públicas y direccionar contrataciones, por lo que un pedido de informes tan específico no suele activarse sin una alerta previa.
Lo que sí se transparenta
Es justo señalar que la Municipalidad mantiene un espacio de transparencia activa en su sitio web institucional, donde publica periódicamente las planillas de sueldos del personal (SICCA) mes a mes, al menos desde 2025, cumpliendo con lo dispuesto por la Ley N° 5189/2014 de acceso a la información pública. También en 2025 se desarrolló, según coberturas de prensa local, un proceso de licitación pública nacional para la construcción de una comisaría en la ciudad, en el que se presentaron seis empresas constructoras en la apertura de sobres, un procedimiento competitivo que contrasta con las contrataciones por excepción que el Congreso pidió detallar para el período 2020 en adelante.
Esa combinación —avances recientes en publicación de planillas y procesos licitatorios abiertos, frente a un historial de fondos no rendidos y contrataciones directas bajo la lupa legislativa— sugiere una gestión con luces y sombras, más que un cuadro homogéneo de opacidad total.
Nota elaborada a partir de registros públicos: expedientes del Congreso Nacional (SILPY), el repositorio de informes de auditoría de la Contraloría General de la República y el sitio institucional de la Municipalidad de Tte. 1° Manuel Irala Fernández. Chaco Sin Fronteras invita a funcionarios, concejales y vecinos del distrito a acercar documentación o testimonios que permitan ampliar esta cobertura.
